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Estoy de acuerdo en que el principal problema es el de las prohibiciones de los ayuntamientos, sin embargo, esta cuestión está mediada por la normativa de ámbito estatal.

Tanto la Ley de Tráfico como el Reglamento General de Circulación requieren para su modificación una iniciativa política en el Parlamento Español o una decisión por Real Decreto en el seno del Consejo de Ministros a propuestas de un Grupo Parlamentario o de la Dirección de la DGT.

El objetivo de esta acción estaría encaminado a definir claramente los límites que las leyes ponen a las competencias de los Ayuntamientos en materia de ordenación del tráfico. En teoría debería ser imposible que un ayuntamiento pudiera legalmente, con las leyes vigentes, prohibir el estacionamiento de los turismos de una marca o color determinados.

Prohibir el estacionamiento de autocaravanas tiene una connotación legal similar pues ninguna de las dos medidas cumpliría los fines establecidos en las leyes.

Es una situación similar a la que surgía en Francia antes de 2004. Esta situación se saldó con un dictamen del Ministerio del Interior francés que establecía la necesidad de una justificación de las características técnicas de un vehículos como tamaño, superficie y MMA, en relación con su efecto sobre el tráfico, en el caso de una prohibición de estacionamiento, de esta forma recordaba que, en primer lugar, que a una autocaravana vacía no se le podía privar de una plaza de estacionamiento en las mismas condiciones que a otro vehículo de su mismo tamaño, superficie o MMA y que no era legal una prohibición general disciminatoria.

Este era uno de los objetivos que nos planteamos cuando acudimos a la Mesa de la DGT, sin embargo, por el momento, la DGT no está dispuesta a aceptar la responsabilidad de un dictamen de este tipo y cualquiera que reivindique este extremo se considera como una persona incómoda.

Es posible que un Gobierno Autonómico, tenga facultad para emitir un dictamen jurídico en este sentido que sirva de herramienta para tratar de eliminar las prohibiciones de los ayuntamienmtos autonómicos. Este es un enfoque que se podría explorar.

Pero la competencia directa en materias que nos afectan a los usuarios de autocaravanas en las CCAA son las leyes de acampada, por eso, en mi opinión serían los primeros ámbitos en los que las asociaciones de usuarios podríamos intervenir a nivel autonómico.

La infraestructura, en mi opinión, es una consecuencia de la demanda, lo dificil es iniciar la dinámica de creación de áreas de servicios, en la seguridad de que los éxitos de las primeras traerán como consecuencia mas demanda y así mas oferta.

Sin embargo en este campo tenemos un fuerte handicap, que es la actitud de los camping que ven en las áreas de servicio una competencia desleal. Este es un error muy común en este sector económico.

Por un lado, en mi opinión, deberíamos neutralizar la presión que ejercen sobre los medios de comunicación y los ayuntamientos. En este caso tenemos la llave de la negociación, somos los clientes y podemos enfrentarnos con el boicot cuando detectemos malas prácticas por parte de algunos propietarios, para ello debemos estar unidos, por otra parte, tenemos que convencerles de que las áreas de acogida para autocaravanas atraen mas clientes y mas pernoctaciones y que en las áreas privadas hay otra línea de nogocio que es en Italia, Francia y Alemania bastante próspera. Esta es la política del palo y la zanahoria o si quieres una mano de hierro en un guante de seda.

Me confundí de hilo debería en el hilo del debate